lunes, 27 de diciembre de 2010

PRIORIDAD DE CGT

CGT, JUNTO A LOS CONDUCTORES DE AUTOBUS,
CONTRA LA JUBILACIÓN A LOS 67 AÑOS

CGT, a través de su Federación Estatal de Transportes, ha hecho entrega en el Ministerio de Trabajo e Inmigración de un documento en el que reclama que los conductores de transporte por carretera se puedan jubilar a los 60 años con el 100% de su prestación de jubilación.

Ante las medidas que anuncia el gobierno de Zapatero de retrasar la edad de jubilación a los 67 años, los trabajadores del transporte por carretera tenemos que pasar a la ofensiva para exigir la jubilación a los 60 años.

Las medidas que se anuncian desde el PSOE son regresivas para toda la clase trabajadora y en el caso de los conductores, además son peligrosas, tanto para los trabajadores del sector, como para los usuarios, nadie en su sano juicio se puede imaginar a un conductor con más de 65 años llevando, por ejemplo, un autobús lleno de escolares.

Desde CGT anunciamos que, en el caso de no abrirse una negociación inmediata con el Ministerio para alcanzar un acuerdo, realizaremos asambleas solicitando el apoyo para movilizarnos contra el retraso de la jubilación a los 67 años y exigiéndola a los 60, tanto el transporte urbano como el interurbano.







domingo, 26 de diciembre de 2010

2011, ¿una intifada europea contra la dominación neoliberal?

Jónatham F. Moriche – Kaos en la Red

En 2008, el mercado hipotecario norteamericano implosionó bajo el lastre de gigantescas deudas impagables, desencadenando una fulminante quiebra del sistema financiero internacional. En 2009, la o­nda expansiva de la crisis rebasó los límites del sistema financiero para contagiarse al conjunto del sistema económico, provocando ingentes destrozos en términos de consumo, productividad y empleo de una punta a la otra del planeta. Y 2010 ha sido el año de la crisis política. El año del estrepitoso fracaso de la acción política multilateral para contener la propagación de la catástrofe, y del completo doblegamiento de los Estados ante el envite de unos mercados financieros que han pasado, de ser amenazados con la implementación de una fuerte regulación sobre sus actividades especulativas, a imponer a los poderes públicos unas políticas económicas renovadamente agresivas en su propio provecho, forzando el desmantelando de servicios públicos para abrir nuevos yacimientos de negocio a costa de derechos sociales de cobertura universal garantizada (pensiones, educación, sanidad…) y la redefinición de las relaciones entre capital y trabajo en dirección a un salvaje incremento en las tasas de explotación laboral.

Esta crisis ha venido a poner patas arriba el mapa de mundo. Muchos países de América Latina, víctimas tradicionales del intervencionismo económico y el chantaje de la deuda, consiguen ahora mantener tasas altas de crecimiento, generar empleo, enfrentar las desigualdades sociales y asentar la estabilidad institucional gracias a gobiernos diversa pero decididamente progresistas (Lula Da Silva en Brasil, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina…) y, sobre todo, gracias a sociedades civiles activas y concienciadas, capaces de mantener una presión firme y continuada sobre sus representantes y plantar cara en las urnas y en las calles a las oligarquías neoliberales. Al mismo tiempo, los gobiernos europeos se arrodillan suplicantes ante los mercados capitalistas, aplicando salvajes medidas de austeridad contra los más débiles (estudiantes, trabajadores, pensionistas, inmigrantes…), legislando al férreo e impasible dictado de los gángsteres de cuello blanco del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y las patronales empresariales y bancarias, y abriendo generosamente a sus manos ansiosas la caja del dinero público, en un proceso de degradación económica y política que el economista Bernard Conte ha descrito como la “tercermundialización” de Europa (“la tendencia hacia una estructura social con algunos muy ricos y muchos pobres, sin clase media”) y el jurista José A. Estévez Araújo como la “latinoamericanización” de Europa (“un conjunto de países abrumados por sus deudas, sometidos a los dictados del Fondo Monetario Internacional y obligados a seguir las directrices neoliberales, que se estarían plasmando en los planes de ajuste que se han implantado o están implantando en países como Grecia, España, Portugal, Irlanda o Letonia y que se ciernen sobre Francia o Italia”).

En el capítulo de responsabilidades ante esta situación catastrófica, queda muy poco que añadir a lo ya dicho sobre la depravada codicia de los mercados capitalistas y la clase corporativa que los dirige, y sobre la vergonzosa relación de cómplice servidumbre que les ofrenda el grueso de la clase y los partidos políticos y los medios de comunicación de masas. No se trata de ninguna novedad histórica que hayamos descubierto en el otoño de 2008, habida cuenta de la historia criminal del neoliberalismo en su larga marcha de treinta años a la conquista del poder absoluto, jalonada de cruentas victorias a golpe de fusil y talonario desde el Santiago de Chile de septiembre de 1973 al Bagdad de marzo de 2003: la única novedad significativa es que la severa “doctrina del shock” neoliberal, como tan acertadamente definiese la investigadora Naomi Klein, consuetudinariamente aplicada sobre los habitantes empobrecidos de la periferia, se cierne ahora sobre los acomodados habitantes del centro, privilegiados beneficiarios del gran pacto social posterior a la II Guerra Mundial, que mediante importantes concesiones de las élites del capital a las fuerzas del trabajo (en materia de libertades civiles, derechos laborales o servicios públicos) consolidó una asentada paz social de treinta años en el corazón del sistema-mundo capitalista.

Pero sí cabe preguntarse, cada día con más apremio y estupor, ¿qué hay de las víctimas de este gigantesco latrocinio? ¿Cómo explicar la prolongada, mayoritaria y aparentemente inconmovible apatía de amplias capas de la población europea ante la devastación de sus condiciones materiales de vida y el descrédito de sus instituciones políticas democráticas? En España, quizás el caso más extremo en Europa de esta aplastante apatía, cientos de miles de ciudadanos perdieron abruptamente su último ingreso y quedaron expuestos a la plena exclusión social con la supresión del subsidio extraordinario para desempleados de larga duración, decisión gubernamental anunciada a principios de este mes de diciembre sin que se alterase ni por un instante el centelleante espejismo de normalidad que componen el consumo de masas, las tertulias televisivas de crónica social, los eventos futbolísticos y las celebraciones religiosas. La izquierda europea se interroga pasmada ante este mórbido estancamiento de la iniciativa ciudadana ante su propia depauperización económica y sojuzgamiento político: “Ingenuos, pensamos que la crisis sería el abreojos, la oportunidad para acabar con el encantamiento”, escribe el pensador, activista y paisano nuestro Manuel Cañada, “y sin embargo se adensó la ceguera y el miedo. Los que mandan han comprobado que enfrente apenas hay nada”. Y la izquierda europea debería contestarse asumiendo y enfrentando que a la crisis del capitalismo ella responde con su propia y no menos profunda crisis, y que es no tanto el empuje de sus adversarios como su propia debilidad, fragilidad y dispersión lo que está haciendo posible que de esta crisis esté emergiendo, no una alternativa frente al neoliberalismo, sino una reforzada y endurecida hegemonía neoliberal. La abismal apatía española no sirve, afortunadamente, para retratar al conjunto de la sociedad civil y la clase trabajadora europea, pero tampoco en Grecia, Francia, Italia o el Reino Unido, donde la respuesta en la calle ha alcanzado picos de notable intensidad, la izquierda ha conseguido embridar la deriva de políticas de austeridad y recortes sociales, ni mucho menos imponer un rumbo alternativo hacia un proyecto social y económico propio. ¿Por qué?

La mayor parte de las principales organizaciones de la izquierda europea permanecen ancladas en posiciones que, si es que una vez fueron válidas, en tiempos mejores de abundancia material y estabilidad institucional, ya no lo son, y difícilmente volverán a serlo en un futuro cercano. La clase dominante y beneficiaria de la nueva normalidad que inaugura esta crisis mantiene un descompromiso con la democracia equiparable a aquel del que hicieran gala Augusto Pinochet y sus comilitones derrocando al gobierno chileno de unidad popular y base trabajadora de Salvador Allende en 1973, y si no ha expresado todavía ese descompromiso de forma tan desmedida e indiscriminadamente violenta es porque la correlación de fuerzas sobre el territorio europeo no se lo ha hecho imprescindible. Sólo así, gracias a un gravoso tributo de espaldas anchas y rodillas hincadas en tierra, las masas trabajadoras europeas se libran, al menos de momento, de la mano dura que las élites reservan para molestas e indefensas minorías como los gitanos rumanos deportados masiva e ilegalmente por Sarkozy o Berlusconi (un luminoso ejemplo de cómo políticas medular e inequívocamente fascistas se infiltran en esta nueva normalidad post-democrática). ¿Puede la izquierda seguir pensando en mantener un diálogo racional e institucionalizado con una clase capitalista dominante que considera no tener ya nada que dialogar con las fuerzas del trabajo, y que ha desertado de toda institucionalidad de base democrática, para elevar sus propias instituciones de carácter no democrático (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco de España) a la cúspide del sistema político, por encima de gobiernos, parlamentos y constituciones? ¿“Basta la democracia para oponerse a la violencia del capital”, como se pregunta Franco “Bifo” Berardi, cuando nuestras democracias ya agonizan, y cuando ignorar su agonía no equivale a defenderlas, sino a resignarse a dejarse matar, postrados e inermes al lado de su cadáver? El completo fracaso de los líderes del ala más sensata y pactista del neoliberalismo (Barack Obama en EEUU, José Luís Rodríguez Zapatero en España, José Sócrates en Portugal…) pone en evidencia, hasta para sus más sinceros y bienintencionados defensores, la inutilidad de las estrategias de conciliación, y la “traición de la socialdemocracia” ya no es un reproche de la izquierda revolucionaria, sino la amarga autocrítica de quienes, como Paolo Flores D’Arcais, han sido durante décadas pilares morales e intelectuales del centro-izquierda europeo.

Sin embargo, a día de hoy, todavía buena parte de la izquierda, empezando por las grandes organizaciones agrupadas en la Confederación Europea de Sindicatos (la mayor entidad de la izquierda europea por afiliación e implantación territorial, y a día de hoy todavía un agente indispensable para poner en pie cualquier movilización significativa de alcance continental), entre ellas UGT y CCOO, sigue sin reconocer esa avanzada agonía democrática, convocando pálidas manifestaciones y disciplinados paros laborales absolutamente inofensivos, para forzar rondas negociadoras absolutamente ineficaces frente a gobiernos que casi nada pueden ya negociar porque casi nada pueden ya decidir. Sin duda hay que aplaudir la acción radical y ejemplar de los estudiantes italianos y británicos, de los petroquímicos franceses o de los conductores de metro madrileños. Pero sólo el salto de las grandes mayorías sociales y de sus organizaciones representativas a una dinámica abierta y decididamente insurreccional puede forzar un nuevo reparto de cartas en el titánico conflicto de clases que se pretende encubrir bajo el espeso manto de cifras de esta crisis. No sólo existe una perentoria necesidad estratégica, sino también una plena legitimidad moral e incluso jurídica, de caminar hacia una movilización de carácter destituyente: muchas de las políticas de ajuste y recortes de prestaciones sociales que están siendo aplicadas en Europa son abiertamente contrarias a Derechos Humanos legalmente reconocidos en Constituciones y tratados internacionales de obligado cumplimiento: la desobediencia y la sedición no son delitos sino obligaciones cívicas ante instituciones y gobiernos que contravienen sus propios principios fundacionales en favor de una minoría privilegiada que ha desertado de todo compromiso con la democracia y con sus conciudadanos, convirtiéndose de facto en instituciones ilegítimas y gobiernos de ocupación del propio territorio. No se trata, pues, de lanzar una insurrección, sino de defenderse con medios proporcionados a una opresión tiránica.

En 1987, el pueblo palestino lanzó su Primera Intifada contra el ocupante israelí en defensa de su soberanía y su misma supervivencia. La intervención de los mercados financieros internacionales en Europa no es, por ahora, tan sanguinaria como la intervención israelí en Palestina, pero no por ello resulta más legítima ni aceptable. Y 2011 será el año decisivo en que la sociedad civil y la clase trabajadora europeas deberán lanzar su Primera Intifada contra la dominación neoliberal, o bien aceptar uncirse como bueyes mansos al yugo de una completa y omnímoda dictadura de los mercados. ¿Cómo habrá de discurrir este movimiento, mediante qué estrategias de organización y acción colectiva? ¿Bastará con revitalizar nuestros partidos, sindicatos y movimientos tradicionales, o habrá que inventar otros completamente nuevos? ¿Qué papel jugarán la huelga, la acción directa, la representación institucional u otras formas de intervención política aún por diseñar y practicar? Estas son preguntas abiertas a las que millones de europeos deberán responder en el día a día de una lucha que bien podría ocupar los empeños de toda una generación. No será como en la Inglaterra de 1642, ni como en la Francia de 1789, ni como en la Rusia de 1917, porque la Historia nunca se repite de forma idéntica a sí misma por muchas analogías parciales que podamos encontrar entre aquellas y estas circunstancias históricas. En 2011, Europa deberá encontrar su propio y distinto camino para preservar sus libertades, o resignarse a perderlas. Este y no otro es el enorme desafío que se presenta ante nosotros, y ojalá que los europeos y europeas comprometidos con la democracia encontremos a tiempo el valor, el tesón y la inteligencia de darle adecuada respuesta.

domingo, 19 de diciembre de 2010

"Los españoles ¿sois idiotas?" Magnífico artículo de Jesús Sanz Astigarraga:


Hay un problema laboral del colectivo de controladores aéreos que afecta al 1,2% de la población española (600.000 personas) y casi todos saltáis como energúmenos pidiendo hasta el linchamiento de ese colectivo cuando el día anterior hacen otra reforma del sistema laboral más restrictiva, quitan los 420 euros de ayuda a 688.000 parados que están en la ruina y anuncian cambios drásticos a peor en la ley de pensiones que afectan al 80% de la población y nadie se indigna ni dice nada. ¿Sois idiotas?
Estáis pidiendo a gritos al Gobierno que se apliquen medidas que quitan el derecho a la baja laboral, a los permisos retribuidos y a las horas sindicales, sacar militares a la calle ¿sois idiotas?
Estáis leyendo que mintieron en los vuelos de la CIA, en el caso Couso, que González era la X del GAL, que gente del PP cobraba de la trama Gürtel, que hay políticos que cobran más de 230.000 euros al año, pero que nos cuestan más de 3 millones de euros, que la corrupción en la política no es excepción, sino norma, que ellos mismos se adjudican el derecho a cobrar la jubilación máxima con pocos años en las Cortes y a nosotros nos piden 40 de cotización, banqueros que consiguen del gobierno medidas duras contra los trabajadores y que tenían que estar en la cárcel por delitos demostrados de fraude fiscal y no decís nada, os quitan dinero para dárselo a esa gente que cobra cientos de miles de euros año, especula con nuestro dinero, defrauda a Hacienda y seguís callados ¿sois idiotas?
Tenéis una monarquía que se ha enriquecido en los últimos años, que apoya a los poderosos, a EEUU, a Marruecos y a todo lo que huela a poder o dinero, hereditaria como en la Edad Media ¿sois idiotas?
En Inglaterra o Francia o Italia o en Grecia o en otros países los trabajadores y los jóvenes se manifiestan hasta violentamente para defenderse de esas manipulaciones mientras en España no se mueve casi nadie ¿sois idiotas?
Consentís la censura en los medios de comunicación, la ley de partidos, la manipulación judicial, la tortura, la militarización de trabajadores sólo porque de momento no os afecta a vosotros ¿sois idiotas?
Sabéis quién es toda la gentuza de las revistas del corazón, futbolistas supermillonarios pero jamás escucháis a nadie como Saramago o Chomsky u otros mil intelectuales veraces y comprometidos con vuestros problemas ¿sois idiotas?
Si mucha gente responde sí, aún nos queda un poco de esperanza de conseguir acabar con la manipulación de los políticos y poderosos.
Si la mayoría contesta no, entonces estamos jodidos.

Jesús Sanz Astigarraga


--
“Los pueblos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo”.

martes, 7 de diciembre de 2010

ESTO HUELE MAL ¿VERDAD?

ESTE ARTICULO VIENE HOY EN LA VOZ DE GALICIA, LEERLO QUE NO TIENE DESPERDICIO, DESPUES MIRA LA TELEVISION Y COMPROBAREIS QUE SE VE EN BLANCO Y NEGRO.

LA VOZ DE GALICIA

 El ojo Público Alarma por el estado de alarma

Autor:
Roberto L. Blanco Valdés
Fecha de publicación:
6/12/2010
ALARMA POR EL ESTADO DE DERECHO

Yo, como ustedes, no salgo aún de mi asombro e indignación por el caos monumental que el interés egoísta de dos mil controladores ha terminado provocando -el cierre de nuestro espacio aéreo durante casi veinticuatro horas-, lo que ha generado la cancelación de más de 4.000 vuelos y afectado a 630.00 viajeros desde el viernes. Y yo, como ustedes, me alegro de que las medidas adoptadas por el Gobierno hayan puesto fin a una huelga tan salvaje e inadmisible.
Pero tal alegría no me impide sentir una honda preocupación como jurista y como ciudadano, pues, a mi juicio, mientras que la declaración, por primera vez en nuestra reciente historia democrática, del estado de alarma podría ser ilegal, su efecto principal -el sometimiento de personal civil a los tribunales castrenses- está afectado de un claro vicio de inconstitucionalidad.
Por lo que se refiere a lo primero, el Gobierno se ha amparado para declarar el estado de alarma en lo previsto en el artículo 4.c) de la ley orgánica de estados de alarma excepción y sitio, que, en efecto, posibilita tal declaración cuando se produce la paralización de servicios públicos esenciales, pero que exige, también, algo que en este caso manifiestamente no se ha dado: que concurran, además, algunas de las circunstancias contenidas en el propio precepto (calamidades publicas de carácter natural o accidentes de gran magnitud, crisis sanitarias o situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad). Esa no concurrencia convierte, de hecho, y según la doctrina constitucional más acreditada, la declaración en ilegal.
Siendo ello gravísimo, lo es mucho más que el Gobierno haya optado en su declaración por decretar la movilización de los controladores y por echar mano de una ley preconstitucional (la de navegación aérea de 1960) para someterlos a la jurisdicción de los tribunales castrenses, sometimiento que vulnera con toda claridad la taxativa prescripción contenida en el artículo 117.5 de la Constitución: según él, el ejercicio de la jurisdicción militar solo cabe en el ámbito estrictamente castrense y en supuestos de estado de sitio. No es por ello casual que la ley de estados excepcionales prevea, en coherencia con tal limitación, que solo bajo el estado de sitio puede el Congreso de los Diputados (¡y nunca el Gobierno por decreto!) determinar qué delitos quedan sometidos a la jurisdicción militar (art. 35). Citaré en apoyo de mi tesis las palabras del mejor especialista español en la materia -mi colega Pedro Cruz Villalón, ex presidente del Tribunal Constitucional-, quien ha insistido en «la inviabilidad de la pretensión de someter a la jurisdicción militar a los ciudadanos no militares en base al estado de alarma» (Estados excepcionales y suspensión de garantías, Tecnos, Madrid, 1984, página 80).
Los españoles aplauden, con razón, la mano dura, cuando, según acaba de ocurrir, esta sirve para resolver los problemas que injustamente les afectan. Pero aplauden más aún que los gobernantes actúen con prudencia y responsabilidad para no tener que aplicar la mano dura, sobre todo si ello da lugar, como ha sucedido en este caso, a una vulneración de la ley y de la Constitución. Hubiera sido infinitamente mejor para todos y para nuestro Estado de derecho no dejar pudrir un conflicto en el año largo que ha habido para ello que recurrir, in extremis, a una militarización, que recuerda prácticas históricas felizmente superadas y que la Constitución quiso que nunca más se repitieran. Hasta ahora se había conseguido.